Este artículo de opinión se publicó originalmente en The Hill.
Ahora no es momento de despreocuparse por las leyes que pueden perjudicar el Internet en el que confiamos más que nunca en nuestras vidas cotidianas.
Los diseñadores de políticas se lo deben a miles de millones de usuarios de todo el mundo que confían en Internet para trabajar, estudiar y actividades diarias para hacer los deberes, antes de ponerse a cambiar leyes tan fundamentales para su éxito.
Y sin embargo, el repunte de legisladores que están aplicando cambios apresurados a la ley conocida como “Sección 230” es una prueba de las decisiones desinformadas que están haciendo cada vez más desalentador el futuro de una ley que ayudó a darle forma a Internet.
En los dos últimos años, se han producido al menos 18 intentos (por medio de proyectos de ley, órdenes ejecutivas y otras iniciativas) para tratar de desmantelar la norma que lleva desde 1996 eximiendo a los intermediarios de Internet de la responsabilidad por las acciones de sus usuarios. En cada una de estas iniciativas, la definición de aquello a lo que afectará ha cambiado ampliamente desde «plataformas» hasta «servicios informáticos interactivos» e “intermediarios de Internet”.
Según estas definiciones y las políticas más amplias a las que están vinculadas, los impactos que acarrean estas propuestas pueden ser insoportables o devastadores, lo que debilitaría los pilares en los que confiamos para que Internet funcione para todo el mundo.
Este jueves, no obstante, el Comité Judicial del Senado estudiará otra propuesta de ley, es decir, la ley de modernización de política sobre el contenido online, impulsada por el director judicial del Senado Lindsey Graham (R-S.C.). Esta ley podría ir allanando el camino a otras leyes que desestabilizarían los pilares de Internet.
La pandemia de la COVID-19 está demostrando que Internet es un recurso resistente y adaptable. Pero la falta de claridad y precisión legal que subyace en esta desafortunada tendencia legislativa es un inquietante recordatorio de la fragilidad de la capacidad a largo plazo de Internet para funcionar como una plataforma verdaderamente abierta y polifacética orientada a la innovación por todo el mundo.
La protección de la responsabilidad de intermediarios es una parte importante de la forma de funcionamiento de Internet. De la misma forma que la empresa de telefonía no es responsable del contenido de las conversaciones telefónicas, los proveedores de servicios y las plataformas de Internet dejarían de funcionar si todas las comunicaciones en las que intermedian tuvieran que examinarse como “seguras” antes de poderse publicar o enviar.
Este concepto se introdujo en Estados Unidos para permitir a los servicios online que se centrasen en la innovación, el desarrollo, la seguridad y el uso de sus plataformas sin asumir la responsabilidad por los datos y el contenido que circulen por ellas. Hasta la fecha, también se han incluido tanto las aplicaciones en las que confiamos a diario (como las plataformas de redes sociales) como los intermediarios de infraestructura que las sustentan (como, por ejemplo, los servicios en la nube, las redes de entrega de contenido y los registros de dominio).
Este marco legal ha aportado la claridad y la predictibilidad sobre la que se ha seguido desarrollando Internet. Pero la situación actual es cualquier cosa menos predecible. Este delirante aumento de políticas peregrinas puede hacer temblar los pilares de Internet.
Internet Society ya ha detectado una serie de amenazas generales que presentan las restricciones a la responsabilidad de intermediarios. Si los diseñadores de políticas no son cuidadosos, podrían asfixiar involuntariamente la innovación online, reducir la agilidad y la eficiencia de Internet y obligar a muchas empresas a echar el cierre al obligar a los intermediarios a analizar la responsabilidad de todo contenido y servicio nuevo.
Las propuestas de ley y políticas individuales de EE. UU. tienen impactos diferentes en la infraestructura de Internet. Algunas, como la Ley de responsabilidad de plataforma y transparencia del consumidor (o ley PACT, por sus siglas en inglés) presentada por los senadores Brian Schatz y John Thune (R-S.D.), abordan la infraestructura de Internet de una forma más reflexiva, dejando claro que se necesitan enfoques diferentes para regular los intermediarios de infraestructura y aplicaciones. Específicamente, la ley PACT exime a la infraestructura de Internet de su propuesta, cosa que aplaudimos (a pesar de que dicha ley despierta otras inquietudes). Otras, como la nueva propuesta del Departamento de Justicia, mezclan estas entidades separadas y sientan un precedente peligroso que podría tener una profunda repercusión en la infraestructura.
Los proyectos de ley que hacen jirones este traje legislativo para Internet suelen ser vagos, contradictorios y están plagados de consecuencias involuntarias. Resulta difícil predecir con precisión el verdadero impacto en los pilares de Internet, pero no cabe duda de que el Congreso está yendo a ciegas hacia una reforma integral de la Sección 230, que podría causar daños profundos e impredecibles en los fundamentos en los que confiamos en nuestras experiencias cotidianas en la red.
En lugar de centrarse en los objetivos deseados que los diseñadores de políticas tratan de resolver cambiando las normas de responsabilidad de intermediarios, una gran parte de la forma reciente de abordar las enmiendas a la Sección 230 ha estado hiperpolitizada y desinformada.
En este caso, la diligencia debida es tan fácil como realizar una evaluación del impacto en Internet para garantizar que cualquier ley que salga adelante cumpla su objetivo previsto sin repercutir negativamente en la infraestructura de Internet.
Imagen de You X Ventures vía Unsplash