Nada de cifrado gratis: el popular servicio de videoconferencia Zoom va a introducir el cifrado de punto a punto, pero no ofrecerá el servicio cifrado a usuarios de la versión gratuita, según informa The Verge. La decisión permite a Zoom compartir información sobre las conferencias gratis con las autoridades. Zoom no quiere ofrecer cifrado de punto a punto a los usuarios de la versión gratuita “porque también queremos colaborar con el FBI y con las autoridades locales, en caso de que alguien utilice Zoom con fines delictivos”, declaró Eric Yuan, director ejecutivo de Zoom.
Un repunte enorme: el uso de Internet ha crecido espectacularmente en la India rural durante las últimas semanas, con conexiones en masa a YouTube, Netflix y otros servicios durante la pandemia de la COVID-19, según informa Inc42.com. El consumo de datos en la red troncal de fibra BharatNet casi se ha triplicado, llegando a los 150 terabytes en mayo desde los 55 TB en enero. Durante esa misma franja temporal, el uso de Netflix en la India rural creció un 422 por ciento. Por su parte, YouTube y Facebook experimentaron un crecimiento del 219 y 374 por ciento respectivamente.
Desafíos de banda ancha: el gobierno de Nigeria ha presentado un nuevo plan de banda ancha con el objetivo de aumentar las velocidades de descarga a 25 Mbps en zonas urbanas y 10 Mbps en zonas rurales, según informa Quartz Africa. Actualmente, la velocidad de descarga media del país es inferior a 1,6 Mbps. Pero existen algunos obstáculos, ya que muchos estados están imponiendo elevadas tasas por derecho de paso a empresas de telecomunicaciones e ISP para instalar la infraestructura.
Recopilación anónima: China tiene leyes de privacidad similares al RGPD de la UE, pero la recopilación de datos “anonimizados” permite a las empresas eludir las leyes, según informa Technode. La definición de datos anónimos de los tribunales chinos es imprecisa y “permite a las empresas vender los datos de los consumidores con impunidad”.
Cierre ilegal: el cierre del servicio de Internet decretado por el gobierno de Indonesia en las provincias de Papúa y Papúa Occidental el año pasado como consecuencia de las protestas antirracistas no fue legal, en opinión del Tribunal Administrativo del Estado de Yakarta, según informa The Jakarta Post. Según el tribunal, el gobierno incumplió una Ley de Estado de Emergencia de 1959 imponiendo el cierre de Internet sin demostrar que Indonesia se encontraba en estado de emergencia.
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