La pandemia de la COVID-19 no solo ha causado más de un millón de muertes en todo el mundo, sino que también está acelerando una merma de las libertades de Internet a nivel global, según un informe nuevo elaborado por Freedom House.
El año pasado ha sido “especialmente sombrío” para la libertad de Internet, según el informe Libertad en la Red 2020, patrocinado por Internet Society. Los dirigentes políticos han utilizado la pandemia como una excusa para limitar el acceso a la información y poner en marcha nuevas medidas de vigilancia, afirma el informe.
Al mismo tiempo, la fragmentación a cámara lenta de Internet se ha convertido en una “carrera sin tregua hacia la ‘cibersoberanía’, en la que cada gobierno está imponiendo sus regulaciones de Internet de una forma que restringe el tráfico de información entre las fronteras nacionales”, explica el informe. Las autoridades de varios países como, por ejemplo, EE. UU., China, Rusia, Brasil y Turquía han levantado nuevas fronteras digitales.
Como consecuencia de ello, las libertades de Internet han caído por décimo año consecutivo, afirma el informe, que analiza la libertad de Internet en 65 países, donde se concentra el 87 por ciento de los usuarios mundiales de Internet. Desde mayo de 2019 hasta junio de 2020, el informe descubrió que las puntuaciones de libertad de Internet bajaron en 26 países y 22 registraron ganancias netas.
Los descensos más grandes se produjeron en Birmania y Kirguistán, seguidos de la India, Ecuador y Nigeria. Una cantidad récord de países alteraron deliberadamente el servicio de Internet.
Mientras tanto, Sudán y Ucrania registraron las mejoras más significativas, seguidos de Zimbabue.
Islandia obtuvo la mayor puntuación en libertad de Internet, seguido de Estonia, Canadá, Alemania y el Reino Unido. EE. UU. bajó por cuarto año consecutivo, quedando en séptima posición. Por sexto año consecutivo, China registró las peores condiciones de libertad en Internet, seguido de Irán y Siria.
Los límites en la libertad de Internet relacionados con la pandemia son desalentadores, porque quizá sigan en vigor después de que desaparezca la COVID-19, declaró Allie Funk, analista de investigación de tecnología y democracia de Freedom House.
“La historia ha demostrado que los nuevos poderes estatales adquiridos durante una emergencia se han mantenido en vigor después de la amenaza original”, declaró. “Estamos preocupados por el hecho de que muchas de las medidas de vigilancia adoptadas se prolonguen en el tiempo después de que se haya superado la crisis sanitaria”.
Funk pidió que las aplicaciones móviles limiten la difusión de datos dentro de los márgenes del Estado de derecho y que los gobiernos supervisen y rindan cuentas en los programas de vigilancia.
El informe expone tres tendencias principales que han socavado la libertad de Internet en el último año:
- Las autoridades pusieron la pandemia como excusa para limitar el acceso a la información. En algunos países, las autoridades bloquearon los sitios de noticias independientes y detuvieron a personas por acusaciones “falsas” de difusión de bulos informativos. Sin embargo, en muchos lugares fueron los funcionarios estatales y simpatizantes quienes difundieron información falsa y engañosa “con el objetivo de eclipsar el contenido preciso, desviar la atención de la opinión pública sobre respuestas políticas ineficaces y hacer pagar el pato a comunidades étnicas y religiosas”.
- Los funcionarios culparon a la pandemia por impulsar nuevas competencias en materia de vigilancia. La pandemia ha dado pie a la “digitalización, recopilación y análisis de los datos más íntimos de la gente sin las protecciones pertinentes contra abusos”, afirma el informe. Además, en muchos casos la recopilación adolece de transparencia, supervisión independiente y vías de rectificación.
- Por último, varios países han impulsado la fragmentación de Internet, en la que cada país promueve su propia versión de la soberanía. “En lugar de proteger a los usuarios, la aplicación de la soberanía nacional al ciberespacio ha supuesto una especie de barra libre para que las autoridades socaven los derechos humanos, mientras hacen caso omiso de las objecciones de la sociedad civil local y la comunidad internacional”, afirma el informe.
El informe contiene varias recomendaciones para los legisladores, la sociedad civil y las empresas privadas. Pide a los legisladores gubernamentales que rechacen restricciones innecesarias sobre el acceso a la información y a la libertad de expresión.
“Los gobiernos deben fomentar y garantizar el acceso a Internet y abstenerse de prohibir las redes sociales y las plataformas de mensajería”, declara el informe. “Si bien dichos servicios pueden plantear problemas de seguridad societaria y nacional genuinos, las prohibiciones constituyen una respuesta arbitraria y desproporcionada que coarta indebidamente el discurso cultural, social y político de los usuarios”.
Los legisladores también deben garantizar que los nuevos programas de vigilancia cumplan los estándares internacionales de derechos humanos en lo que a necesidad, proporcionalidad y supervisión independiente respecta. Los gobiernos deben aprobar leyes de privacidad sólidas y proteger el cifrado, recomienda el informe.
El informe pide a las empresas privadas que se resistan a las iniciativas gubernamentales para cortar la conectividad o prohibir los servicios digitales. También aboga por una moderación de contenido justa y transparente.
Según recomienda el informe, las empresas digitales deben priorizar la libertad de expresión y el acceso a la información de los usuarios, especialmente por contenido que puede considerarse periodismo, debates sobre los derechos humanos, materiales didácticos o expresiones políticas, sociales, culturales, religiosas y artísticas.
Los servicios web también deben “abstenerse de confiar en los sistemas automatizados para marcar y eliminar contenidos sin una oportunidad significativa para la revisión humana”, afirma el informe.
Entender los diferentes tipos de injerencias en Internet puede reforzar nuestra capacidad para ayudar a reducirlas. Lee el documento de política pública sobre los cierres de Internet, donde se pone de manifiesto el impacto de los cierres de Internet en la población, la economía y la infraestructura local. También orienta a los legisladores que están barajando un cierre de Internet.
Imagen de Andersen Jensen vía Unsplash