La pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado de una vez por todas que el acceso a la banda ancha es una infraestructura fundamental. Sin ella, las comunidades no pueden trabajar, aprender o ganar dinero en línea, una necesidad durante las órdenes de confinamiento domiciliario. Y los responsables políticos están tomando nota. En los últimos meses, la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca han propuesto billones de dólares para ampliar el acceso a la banda ancha en Estados Unidos.
Estas propuestas (que van desde una ayuda específica por la COVID hasta amplios planes de infraestructuras) son una oportunidad de inversión en infraestructuras que no se veía en Estados Unidos desde el New Deal del presidente Roosevelt en la década de 1930. Si estos fondos se asignan de forma adecuada y reflexiva, podríamos alcanzar la equidad digital en Estados Unidos en la próxima década. No hay que subestimar esta posibilidad: es una gran oportunidad para que se conecten las comunidades de todo el país.
Sin embargo, existe un riesgo igualmente grande de que estos fondos sean más perjudiciales que beneficiosos. Este tipo de inversión se produce una vez en cada generación por una razón y, pase lo que pase, es poco probable que volvamos a ver una inversión de este tipo en infraestructuras de banda ancha y acceso. Con una financiación de esta envergadura, van a aparecer de la nada empresas y personas malintencionadas. Las grandes empresas podrían recibir enormes cantidades de fondos, pero como hemos visto durante años, esto no siempre repercute en la conexión de las comunidades. También corremos el riesgo de malgastar los fondos al imponer a las comunidades unos requisitos de gasto muy estrictos. Las comunidades pequeñas pueden recibir un flujo de dinero y tener que gastarlo demasiado rápido para realizar inversiones sostenibles.
Aunque ninguno de esos riesgos se haga realidad, se avecina un problema aún mayor: no sabemos qué comunidades tienen actualmente acceso a Internet y cuáles no. Los mapas de banda ancha de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) son escandalosamente imprecisos. Y aunque en los últimos meses ha realizado esfuerzos para empezar a actualizar estos mapas, no es probable que se produzca una revisión hasta 2022. Si la financiación federal de la banda ancha comienza a desplegarse en 2021, muchas comunidades que actualmente carecen de servicios pero que no aparecen en los mapas de la FCC no podrán acceder a la tan necesaria financiación.
Las comunidades necesitan desesperadamente estos fondos, y aplaudimos las intenciones de los responsables políticos. Sin embargo, tenemos una sola oportunidad para hacerlo bien, y debemos actuar con rapidez pero con cautela. A continuación exponemos, a modo de ejemplo, algunas de las principales propuestas políticas para el acceso a la banda ancha y el modo en que podrían afectar a las comunidades.
Plan de Rescate Estadounidense
Al igual que la Ley CARES, este estímulo COVID proporciona miles de millones para el servicio de banda ancha, los dispositivos conectados, la formación y la asistencia técnica, y otras prestaciones de banda ancha que son muy necesarias. También asigna específicamente fondos a las comunidades tribales, lo cual es un paso importante. En general, es un buen paso en la dirección correcta y ayudará mucho a las comunidades. Sin embargo, de acuerdo con las recomendaciones políticas de la Cumbre de Conectividad Indígena de 2020, debería haber incluido un apoyo adicional para la participación y la formación de la comunidad, sin las cuales los fondos podrían no tener el impacto previsto.
Ley sobre un Internet Accesible y Asequible para todos (Ley AAIA, por sus siglas en inglés)
Estamos muy sorprendidos por este plan. Está repleto de grandes iniciativas para ampliar el acceso a la banda ancha a todos los estadounidenses. También sigue de cerca las recomendaciones políticas de la Cumbre de Conectividad Indígena de 2020, que ayudarían a garantizar que las redes construidas con esta financiación estén al servicio de las comunidades. La Ley AAIA crea un entorno normativo de ámbito nacional que permitiría las redes comunitarias, dando poder a las localidades y aumentando la competencia. Crearía una nueva agencia (la Oficina de Conectividad y Crecimiento de Internet de la NTIA) que, entre otras cosas, conectaría con las comunidades para mejorar la inclusión digital, organizaría talleres regionales para compartir las mejores prácticas y desarrollaría la formación para el desarrollo de la banda ancha. (Eso sí que suena a otra iniciativa de conectividad que conocemos…)
Este programa da un gran paso adelante al reclamar la equidad digital, no solo la inclusión digital. También proporciona fondos específicamente a «tribus indias, entidades nativas de Alaska y organizaciones de nativos de Hawái», lo cual es una especificación importante para garantizar que todas las comunidades nativas puedan recibir financiación.
También exige a la FCC que adopte normas para recopilar datos de los proveedores de servicios sobre el precio de la banda ancha, los planes de servicio y las tarifas de suscripción, así como datos sobre la resiliencia. Este tipo de iniciativa cartográfica nos ayudará a comprender mejor qué comunidades están desatendidas o subatendidas para poder resolver los problemas de conectividad allí donde existan.
Y lo que es más importante, el plan de infraestructuras del presidente Biden eleva la banda ancha al nivel que se merece, junto a otros servicios públicos fundamentales. El acceso a la banda ancha es uno de los ejes de este plan, y eso debe celebrarse por sí mismo. El Plan de Empleo Estadounidense supondría una gran inversión en infraestructuras y asequibilidad: unos 2 billones de dólares en los próximos diez años. No es una exageración decir que, si se aprueba, este proyecto de ley podría cerrar la brecha digital en Estados Unidos.
Hace muchas cosas bien. Da prioridad a las redes de banda ancha propiedad de gobiernos locales, organizaciones sin ánimo de lucro y cooperativas, o gestionadas por ellos. Garantiza que se reserven fondos para infraestructuras en tierras tribales y que se consulte a las naciones tribales en la administración del programa. El plan tiene como objetivo específico «empoderar a las regiones rurales (incluidas las naciones tribales) apoyando los esfuerzos de planificación y desarrollo de capacidades dirigidos a nivel local» y crear programas de formación de nueva generación. Aunque incluye subvenciones para los abonos de banda ancha, deja claro que se trata de un parche en lugar de una solución a largo plazo, orientada a la construcción de infraestructuras sostenibles y asequibles. Todos estos aspectos están muy en consonancia con las recomendaciones políticas de la Cumbre de Conectividad Indígena de 2020.
Tenemos que reconocer que 2 billones de dólares es mucho dinero para inyectar en la economía. Tenemos que asegurarnos de que esta financiación se destina a las comunidades que más la necesitan, de que los proveedores de fondos colaboran estrechamente con las comunidades para satisfacer esas necesidades y de que se aplican estrictas medidas de responsabilidad para que las entidades externas no reciban fondos y produzcan una conectividad deficiente.
Los 3 próximos pasos para cerrar la brecha digital en EE.UU.
Estos planes son pasos fundamentales hacia la equidad digital en Estados Unidos y, si se hacen bien, podrían cerrar la brecha digital. Sin embargo, debemos proceder con cautela.
En primer lugar, la FCC, el Congreso, los gobiernos locales, los grupos comunitarios y los proveedores de servicios existentes deben trabajar juntos para crear mapas de banda ancha precisos. Sin saber dónde existe realmente la infraestructura de banda ancha, no sabremos qué comunidades carecen de acceso a Internet y cuáles están atendidas.
En segundo lugar, los responsables políticos deben colaborar estrechamente con las comunidades y las organizaciones locales para garantizar que la financiación llegue a las comunidades que más la necesitan. Deben dar prioridad a la colaboración con las redes comunitarias, municipales y de propiedad local, que son las mejor situadas para garantizar que se satisfagan las necesidades de banda ancha de la comunidad.
Por último, la formación y la educación digital son esenciales para garantizar que, una vez que una comunidad tenga acceso a Internet, sus residentes puedan utilizar los recursos en línea.
Se trata de una oportunidad extraordinaria para las comunidades de todo el país. Vamos a asegurarnos de que trabajamos juntos para hacerlo bien.
Imagen de Jan Huber vía Unsplash